27/06/2017
La incertidumbre se apodera de los colegios tras la ratificación del suspenso del plurilingüismo y los padres piden la dimisión de Marzá
Los centros temen llegar a septiembre sin instrucciones claras y sin saber qué norma se va a aplicar
¿Y ahora qué pasa? Es la pregunta que se hacen padres, profesores y toda la comunidad educativa. Si el decreto está suspendido cautelarmente, ¿qué sucederá en septiembre? La incertidumbre se extiende en un mes en el que los centros planifican el curso, los padres matriculan a sus hijos y compran los libros.
Quien lo tiene claro es Concapa. La presidente de la entidad, Julia Llopis, señala que el conseller debe dimitir «porque sólo gobierna pensando en una minoría que es quien comulga con su ideario. Hasta ahora ha estado más preocupado por importar el modelo catalanista, que en atender a las familias».
El presidente de la Federación Católica de Padres, Vicente Morro, ha señalado que los tribunales le están diciendo a Marzà «lo que le ha venido sosteniendo la comunidad educativa». «El TSJ ha destrozado toda su argumentación. No le deja resquicio». Para Morro, el conseller tiene que aplicar la ley y volver al decreto 2012
La batalla no ha hecho más que empezar, resalta Eva Tena, portavoz de la Asociación en Defensa del Castellano. Por ello, «estamos satisfechos, pero con cautela. Va a ser una lucha larga porque ya se está implantando». En cualquier caso, Tena reiteró que estarán vigilantes para que se cumpla la suspensión del decreto tal y como señala el TSJ.
Desde Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez señaló que «urge que la Conselleria informe a los centros sobre su postura»: Explicó que los centros están ahora planificando el curso y tienen que saber a que atenerse.
Ramón López señaló que la Conselleria de Educación tendría que aceptar el auto y que esta decisión judicial sea «un punto de inflexión» que permita iniciar un periodo de recapacitación. López, en este sentido, sostuvo que sería el momento de sentarse a negociar. En cualquier caso, advirtió que iban a seguir con su campaña 'Que no te hagan delinquir' dirigida a directores de centro y profesores recordándoles las obligaciones legales que surgen de desobedecer una orden judicial.
La decisión del TSJ demuestra la apariencia de buen derecho en el alegato sobre discriminación que ese decreto iba a provocar, tal como esgrimió CSI·F. Del mismo modo, reafirma el cuestionamiento de un decreto que resulta contrario al principio de igualdad.
Desde el sindicato USO reiteran que la Conselleria debe explicar qué se va a hacer ahora y recordaron que el tribunal por ahora les ha dado la razón.
Señala que el auto es puramente político y no pedagógico y que la suspensión cautelar no tiene ningún sentido. Además, estudia recurrir la decisión del TSJ e insta a la Conselleria a mantener su política lingüística.
La portavoz del PP destacó los serios perjuicios a las familias en pleno proceso de admisión y que el curso está «condicionado por una normativa paralizada».
El portavoz socialista señaló que seguirán «insistiendo por la vía que sea» para que los alumnos de la Comunitat sean «trilingües».
El portavoz en Les Corts reiteró que hasta el momento los tribunales sólo han hablado de medidas cautelares y al final espera una sentencia favorable al Consell.
las provincias
Quien lo tiene claro es Concapa. La presidente de la entidad, Julia Llopis, señala que el conseller debe dimitir «porque sólo gobierna pensando en una minoría que es quien comulga con su ideario. Hasta ahora ha estado más preocupado por importar el modelo catalanista, que en atender a las familias».
El presidente de la Federación Católica de Padres, Vicente Morro, ha señalado que los tribunales le están diciendo a Marzà «lo que le ha venido sosteniendo la comunidad educativa». «El TSJ ha destrozado toda su argumentación. No le deja resquicio». Para Morro, el conseller tiene que aplicar la ley y volver al decreto 2012
La batalla no ha hecho más que empezar, resalta Eva Tena, portavoz de la Asociación en Defensa del Castellano. Por ello, «estamos satisfechos, pero con cautela. Va a ser una lucha larga porque ya se está implantando». En cualquier caso, Tena reiteró que estarán vigilantes para que se cumpla la suspensión del decreto tal y como señala el TSJ.
Desde Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez señaló que «urge que la Conselleria informe a los centros sobre su postura»: Explicó que los centros están ahora planificando el curso y tienen que saber a que atenerse.
Ramón López señaló que la Conselleria de Educación tendría que aceptar el auto y que esta decisión judicial sea «un punto de inflexión» que permita iniciar un periodo de recapacitación. López, en este sentido, sostuvo que sería el momento de sentarse a negociar. En cualquier caso, advirtió que iban a seguir con su campaña 'Que no te hagan delinquir' dirigida a directores de centro y profesores recordándoles las obligaciones legales que surgen de desobedecer una orden judicial.
La decisión del TSJ demuestra la apariencia de buen derecho en el alegato sobre discriminación que ese decreto iba a provocar, tal como esgrimió CSI·F. Del mismo modo, reafirma el cuestionamiento de un decreto que resulta contrario al principio de igualdad.
Desde el sindicato USO reiteran que la Conselleria debe explicar qué se va a hacer ahora y recordaron que el tribunal por ahora les ha dado la razón.
Señala que el auto es puramente político y no pedagógico y que la suspensión cautelar no tiene ningún sentido. Además, estudia recurrir la decisión del TSJ e insta a la Conselleria a mantener su política lingüística.
La portavoz del PP destacó los serios perjuicios a las familias en pleno proceso de admisión y que el curso está «condicionado por una normativa paralizada».
El portavoz socialista señaló que seguirán «insistiendo por la vía que sea» para que los alumnos de la Comunitat sean «trilingües».
El portavoz en Les Corts reiteró que hasta el momento los tribunales sólo han hablado de medidas cautelares y al final espera una sentencia favorable al Consell.
las provincias
