22/05/2018
Decenas de empresas lanzan una avalancha de recursos por el Impuesto de Plusvalía
Las demandas contra los ayuntamientos se disparan desde que la tasa fue declarada inconstitucional hace un año
Decenas de empresas valencianas han generado una avalancha de recursoscontra distintos ayuntamientos por el cobro del Impuesto de Plusvalía, una tasa que grava las transmisiones inmobiliarias aun cuando la venta de un bien no haya generado ganancias. «Están llegando recursos continuamente», afirma Antonia Magdaleno, socia directora de SUE Abogados y Economistas, quien explica que las demandas se han disparado desde que el Tribunal Constitucional se pronunciara en contra de los artículos que regulan este tributo en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que fueron declarados «inconstitucionales».
En concreto, la sentencia avaló que el impuesto de plusvalía municipal no se aplique si hay pérdidas en la venta del inmueble. Así, la sentencia dictaminó que esta tasa no se debía aplicar a un contribuyente que realice una transmisión inmobiliaria si lo hace por menos dinero del que costó su adquisición. Tras esta decisión, ayuntamientos como el de Valencia optaron por suspender la aplicación del impuesto, a la espera de que el Gobierno redacte un proyecto de la nueva Ley de Plusvalía Municipal ya que, ahora mismo, la tasa se encuentra en una especie de limbo jurídico. «Ahora ese tributo está desprovisto de amparo legal», afirmó la abogada durante su conferencia 'Plusvalía Municipal, ¿puedo ganar más en la venta de mis inmuebles?', celebrada ayer en Valencia.
Ahora, las compañías están pendientes de la aprobación de ese nuevo proyecto de ley que, según anunciaron desde SUE Abogados y Revalora, se prevé para el próximo mes de julio de este año y que se aplicaría de manera retroactiva desde el 15 de junio de 2017, fecha de publicación de la sentencia.
Las compañías buscan recuperar las cuantías pagadas a los consistorios por transmisión inmobiliaria
Ante esta situación, son muchos los empresarios que preparan la maquinaria para reclamar las cantidades abonadas de más en los últimos cuatro años. En concreto, la ley ha utilizado el valor catastral para aplicar el impuesto, un valor que no se corresponde con el de mercado y que con la crisis se vio agravado por el desplome de precios.
«Lo que dice la sentencia es que son inconstitucionales porque dejan abierta la posibilidad de que se grave la transmisión de un terreno urbanoaunque no se produzca un incremento del valor del mismo. Esta forma de cálculo es totalmente contraria al principio de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución», indica la profesional. Sin embargo, el derrotero que tomará la nueva norma sobre este impuesto es todavía una incógnita, aunque se prevé que tome una postura conservadora en favor de los municipios. Dicha postura afirma que cuando hay incremento del valor, la tasa es válida. La otra, que fue la sostenida por un juzgado de Navarra, replica que no se puede aplicar la tasa en ninguno de los casos hasta que haya una nueva ley que la regule. «Es decir, da igual que el resultado de la venta o la transmisión suponga un incremento del valor, se anula igualmente y se puede pedir la devolución», sentencia la socia directora.
El proyecto de ley que introduce modificaciones en la tasa podría duplicarse en julio, según los expertos
Por su parte, Héctor Aznar, director general de REValora, asegura que «los ayuntamientos están realmente asustados» al ver que se acerca «una avalancha de recursos» que les obligarán a «devolver todo el dinero cobrado hasta cuatro años antes de la sentencia». En ese sentido, Aznar señala al poder recaudatorio de este impuesto, que ingresó en las arcas de los ayuntamientos en España un total de 1288 millones de euros en 2012, una cifra que se ha duplicado en cuatro años. Además, 600 millones de euros procedieron sólo de herencias en 2017. Por lo que respecta a la Comunitat, en 2016 se recaudaron 178,5 millones, según el experto.
Entre los principales afectados por esta tasa se encuentran multitud de empresas que han visto cómo sus operaciones han resultado fallidas. Uno de ellas, cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato, explica a este diario que el Ayuntamiento de Torrente le exigía una plusvalía de 600.000 euros. «Compramos un suelo por 22 millones de euros en 2005 e hicimos una dación en pago al banco por unos diez millones en 2013. La operación supuso una pérdida de en torno diez millones de euros y fuimos a los tribunales, donde argumentamos que no había hecho imponible. Ganamos el juicio, pero tuvimos que pagar los 50.000 euros de las costas», cuenta.
las provincias
En concreto, la sentencia avaló que el impuesto de plusvalía municipal no se aplique si hay pérdidas en la venta del inmueble. Así, la sentencia dictaminó que esta tasa no se debía aplicar a un contribuyente que realice una transmisión inmobiliaria si lo hace por menos dinero del que costó su adquisición. Tras esta decisión, ayuntamientos como el de Valencia optaron por suspender la aplicación del impuesto, a la espera de que el Gobierno redacte un proyecto de la nueva Ley de Plusvalía Municipal ya que, ahora mismo, la tasa se encuentra en una especie de limbo jurídico. «Ahora ese tributo está desprovisto de amparo legal», afirmó la abogada durante su conferencia 'Plusvalía Municipal, ¿puedo ganar más en la venta de mis inmuebles?', celebrada ayer en Valencia.
Ahora, las compañías están pendientes de la aprobación de ese nuevo proyecto de ley que, según anunciaron desde SUE Abogados y Revalora, se prevé para el próximo mes de julio de este año y que se aplicaría de manera retroactiva desde el 15 de junio de 2017, fecha de publicación de la sentencia.
Las compañías buscan recuperar las cuantías pagadas a los consistorios por transmisión inmobiliaria
Ante esta situación, son muchos los empresarios que preparan la maquinaria para reclamar las cantidades abonadas de más en los últimos cuatro años. En concreto, la ley ha utilizado el valor catastral para aplicar el impuesto, un valor que no se corresponde con el de mercado y que con la crisis se vio agravado por el desplome de precios.
«Lo que dice la sentencia es que son inconstitucionales porque dejan abierta la posibilidad de que se grave la transmisión de un terreno urbanoaunque no se produzca un incremento del valor del mismo. Esta forma de cálculo es totalmente contraria al principio de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución», indica la profesional. Sin embargo, el derrotero que tomará la nueva norma sobre este impuesto es todavía una incógnita, aunque se prevé que tome una postura conservadora en favor de los municipios. Dicha postura afirma que cuando hay incremento del valor, la tasa es válida. La otra, que fue la sostenida por un juzgado de Navarra, replica que no se puede aplicar la tasa en ninguno de los casos hasta que haya una nueva ley que la regule. «Es decir, da igual que el resultado de la venta o la transmisión suponga un incremento del valor, se anula igualmente y se puede pedir la devolución», sentencia la socia directora.
El proyecto de ley que introduce modificaciones en la tasa podría duplicarse en julio, según los expertos
Por su parte, Héctor Aznar, director general de REValora, asegura que «los ayuntamientos están realmente asustados» al ver que se acerca «una avalancha de recursos» que les obligarán a «devolver todo el dinero cobrado hasta cuatro años antes de la sentencia». En ese sentido, Aznar señala al poder recaudatorio de este impuesto, que ingresó en las arcas de los ayuntamientos en España un total de 1288 millones de euros en 2012, una cifra que se ha duplicado en cuatro años. Además, 600 millones de euros procedieron sólo de herencias en 2017. Por lo que respecta a la Comunitat, en 2016 se recaudaron 178,5 millones, según el experto.
Entre los principales afectados por esta tasa se encuentran multitud de empresas que han visto cómo sus operaciones han resultado fallidas. Uno de ellas, cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato, explica a este diario que el Ayuntamiento de Torrente le exigía una plusvalía de 600.000 euros. «Compramos un suelo por 22 millones de euros en 2005 e hicimos una dación en pago al banco por unos diez millones en 2013. La operación supuso una pérdida de en torno diez millones de euros y fuimos a los tribunales, donde argumentamos que no había hecho imponible. Ganamos el juicio, pero tuvimos que pagar los 50.000 euros de las costas», cuenta.
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