01/08/2018
Sólo la mitad de los autónomos valencianos cobran el paro después de haberlo cotizado
Únicamente 51 autónomos de la Comunitat Valenciana de los 109 que solicitaron las prestaciones por el cese de su actividad en el primer trimestre de este año han podido acceder a ellas. Éste no es un caso aislado: la ley que permite a los autónomos cobrar ayudas durante el paro se creó en 2010 y, a pesar de los cambios de 2015 y 2016 con la ley de reformas de las mutuas, la mayoría que las solicitan se encuentran con un laberinto burocrático. Pese a haber cotizado durante años, unos terminan por desistir yotros se enfrentan a una espera indefinida o acaban recibiendo una respuesta negativa.
La ley establece que por «causa mayor» los trabajadores por cuenta propia pueden pedir las ayudas tras el cese de su actividad pero, al no existir una definición clara de este concepto, en muchas ocasiones las solicitudes son denegadas. «Si el dueño de una tienda tiene que cerrar porque las obras en esa calle no permiten el acceso a su comercio, no tiene derecho a estas prestaciones porque la ley es muy restrictiva», según el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat, Rafael Pardo.
Aunque antes de las reformas de la ley, las denegaciones eran de entre el 80% y el 90%, ahora están entre el 50% y el 60%. «Se tiene que flexibilizar el acceso a la prestación y mejorar el contenido», señala Pardo. La ATA exige al Gobierno un cambio en la legislación para que sea más flexible, menos exigente y más clara ya que «las mutuas pueden barrer para casa e interpretar la ley restrictivamente», según Pardo.
La norma exige unas pérdidas del 10% de la facturación durante un año, algo inasumible según ATA
Entre los requisitos para poder recibir las prestaciones se incluye la necesidad de tener unas pérdidas del 10% respecto a la facturación en un año para poder cesar la actividad por causas económicas. «Es excesivo porque los autónomos no pueden aguantar ese tiempo con pérdidas. Los motivos económicos son los mayoritarios dentro de las solicitudes y en lugar de proteger a aquel que prácticamente no está ganando nada y tiene que cerrar, se le ponen exigencias económicas», afirmó Pardo a LAS PROVINCIAS.
Además, la asociación exige una mejora del contenido y la duración de las prestaciones, ya que por cada año cotizado se cobran dos meses de prestación. De esta manera, reclaman que sea de tres meses por cada año con el objetivo de incentivar a más autónomos para que coticen ya que «muchos no se arriesgan por miedo a que no se le concedan las ayudas o cobren muy poco», señala el presidente de la asociación.«Ningún autónomo cierra su negocio por capricho y con la idea de cobrar una prestación de 600 euros durante tres meses. Si la solicitan es porque la necesitan y para ello han cotizado por este concepto», asegura el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor. «No es lógico que exista una prestación que estén pagando y cotizando los autónomos y que no se pueda cobrar», señala.
La competencia legislativa corresponde al Gobierno central, mientras que las mutuas son entidades privadas colaboradoras de la Seguridad Social que actúan como gestores de esa prestación y deniegan las prestaciones basándose en la ley. Además, de cada 100 euros recaudados solo 15 se destinan a pagar prestaciones, según el informe de la ATA. «Denunciamos que es una 'presunta estafa' porque hay autónomos que cotizan por un concepto que nunca van a poder recibir con la ley en la mano y su aplicación estricta. Solicitamos que se equipare a la prestación por desempleo de los asalariados en duración y en cuantía», añade el presidente de ATA.
En España, sólo se concedieron 425 prestaciones de las 1.051 presentadas, es decir, el 40,4%, según datos del Ministerio de Economía y Empresa. Por comunidades, Andalucía registra un mayor número de solicitudes, 236, y de aprobaciones, 113. Sin embargo, en Madrid de las 166 solicitudes realizadas sólo se concedieron 59, y en Cataluña se aprobaron 38 de las 101 solicitudes.
las provincias
La ley establece que por «causa mayor» los trabajadores por cuenta propia pueden pedir las ayudas tras el cese de su actividad pero, al no existir una definición clara de este concepto, en muchas ocasiones las solicitudes son denegadas. «Si el dueño de una tienda tiene que cerrar porque las obras en esa calle no permiten el acceso a su comercio, no tiene derecho a estas prestaciones porque la ley es muy restrictiva», según el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat, Rafael Pardo.
Aunque antes de las reformas de la ley, las denegaciones eran de entre el 80% y el 90%, ahora están entre el 50% y el 60%. «Se tiene que flexibilizar el acceso a la prestación y mejorar el contenido», señala Pardo. La ATA exige al Gobierno un cambio en la legislación para que sea más flexible, menos exigente y más clara ya que «las mutuas pueden barrer para casa e interpretar la ley restrictivamente», según Pardo.
La norma exige unas pérdidas del 10% de la facturación durante un año, algo inasumible según ATA
Entre los requisitos para poder recibir las prestaciones se incluye la necesidad de tener unas pérdidas del 10% respecto a la facturación en un año para poder cesar la actividad por causas económicas. «Es excesivo porque los autónomos no pueden aguantar ese tiempo con pérdidas. Los motivos económicos son los mayoritarios dentro de las solicitudes y en lugar de proteger a aquel que prácticamente no está ganando nada y tiene que cerrar, se le ponen exigencias económicas», afirmó Pardo a LAS PROVINCIAS.
Además, la asociación exige una mejora del contenido y la duración de las prestaciones, ya que por cada año cotizado se cobran dos meses de prestación. De esta manera, reclaman que sea de tres meses por cada año con el objetivo de incentivar a más autónomos para que coticen ya que «muchos no se arriesgan por miedo a que no se le concedan las ayudas o cobren muy poco», señala el presidente de la asociación.«Ningún autónomo cierra su negocio por capricho y con la idea de cobrar una prestación de 600 euros durante tres meses. Si la solicitan es porque la necesitan y para ello han cotizado por este concepto», asegura el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor. «No es lógico que exista una prestación que estén pagando y cotizando los autónomos y que no se pueda cobrar», señala.
La competencia legislativa corresponde al Gobierno central, mientras que las mutuas son entidades privadas colaboradoras de la Seguridad Social que actúan como gestores de esa prestación y deniegan las prestaciones basándose en la ley. Además, de cada 100 euros recaudados solo 15 se destinan a pagar prestaciones, según el informe de la ATA. «Denunciamos que es una 'presunta estafa' porque hay autónomos que cotizan por un concepto que nunca van a poder recibir con la ley en la mano y su aplicación estricta. Solicitamos que se equipare a la prestación por desempleo de los asalariados en duración y en cuantía», añade el presidente de ATA.
En España, sólo se concedieron 425 prestaciones de las 1.051 presentadas, es decir, el 40,4%, según datos del Ministerio de Economía y Empresa. Por comunidades, Andalucía registra un mayor número de solicitudes, 236, y de aprobaciones, 113. Sin embargo, en Madrid de las 166 solicitudes realizadas sólo se concedieron 59, y en Cataluña se aprobaron 38 de las 101 solicitudes.
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