05/04/2019
Sanidad no sabe cuánto gasta en guardias médicas ni si el personal las realiza
«No hay constancia cierta de la efectiva realización del turno de guardia o de atención continuada». El informe de la Intervención de la Generalitat correspondiente al seguimiento del control financiero permanente en el ámbito de la administración autonómica desnuda las carencias existentesen el ámbito sanitario autonómico por lo que se refiere a la gestión de personal. El documento, que hace referencia al ejercicio de 2017 -y que adelantó ayer este diario- retrata por segundo año consecutivo la ausencia de mecanismos de control sobre la gestión de personal de la conselleria que concentra no sólo el mayor presupuesto de todas las consellerias, sino también el mayor volumen de personal.
El informe de la Intervención constata que no existen «herramientas de control adecuadas que permitan el seguimiento presupuestario de los gastos en guardias y sustituciones». De hecho, especifica que los centros «no conocen al principio del ejercicio y durante el mismo el crédito presupuestario del que van a disponer para guardias y sustituciones», ni consta si conocen la existencia de crédito presupuestario disponible para nombramientos, sustituciones y guardias». Para manejar un presupuesto que supera los 6.000 millones de euros, la debilidad en los controles del presupuesto resulta alarmante -el ejercicio de 2017 todavía contó con Carmen Montón al frente de la conselleria de Sanidad-.
La Intervención alerta de que no existe una plantilla de personal de instituciones sanitarias debidamente actualizada ni una adecuada programación funcional de centros y servicios. Circunstancias, se añade, que «dificultan la correcta planificación de las necesidades de recursos humanos y la gestión presupuestaria de los gastos de personal».
El informe remarca que no hay siquiera una plantilla actualizada de personal sanitario
Intervención, que advierte en su informe que no ha podido contar con los datos de las Intervenciones delegadas de Alicante y Castellón como consecuencia de la elevada carga de trabajo generada por el elevado volumen del gasto tramitado mediante expedientes de enriquecimiento injusto en esas dos provincias, especifica en relación con las guardias médicas que «no constan acreditados los criterios utilizados en el reparto y número de guardias médicas y atención continuada entre el personal». Además, remarca que el reparto de las guardias «no es equilibrado ni equitativo entre el personal del servicio», así como que hay personal «que no realiza las guardias obligatorias mínimas, sin que conste acreditado el motivo».
Entre las irregularidades en la gestión de esas guardias figura también la constatación de que parte del personal «realiza un número de guardias superior a las obligatorias», sin que conste documentado el ofrecimiento por parte del centro y el consentimiento del facultativo para superar dicho mínimo.
La Intervención constata que se contrata personal para la realización de guardias «sin que quede justificada la imposibilidad de cubrir todas las guardias con el personal de plantilla». Y subraya que no existe «constancia suficiente de la garantía de cumplimiento de los horarios de descanso, así como de las compensaciones horarias por posibles incumplimientos de los mismos».
Uno de los apartados más sangrantes del informe es el que hace referencia a la imposibilidad de constatar la efectiva realización de las guardias médicas. «En general no existe un registro adecuado de entradas y salidas de los trabajadores del centro, ni un sistema de control efectivo de los horarios», se advierte. Esa circunstancia resulta determinante para que no exista «constancia cierta de la efectiva realización del turno de guardia o de atención continuada». El comentario no supone únicamente un reparo a la inexistencia de un mecanismo de control. También se dirige a la picaresca que supone el hecho de no poder acreditar «suficientemente el número de horas de presencia física», un dato indispensable para que la nómina de cada empleado corresponda a la labor efectivamente realizada.
El cuestionamiento de la política de recursos humanos afecta también al capítulo de sustituciones. «Con carácter general -señala la Intervención- se aprecia que en los expedientes no se justifica adecuadamente las circunstancias o hechos que determinan el carácter urgente o inaplazable de los nombramientos» a realizar. El órgano de control detecta «deficiencias en los trámites de autorización de la contratación de personal», así como en los procesos de selección de personal eventual para guardias y sustituciones.
las provincias
El informe de la Intervención constata que no existen «herramientas de control adecuadas que permitan el seguimiento presupuestario de los gastos en guardias y sustituciones». De hecho, especifica que los centros «no conocen al principio del ejercicio y durante el mismo el crédito presupuestario del que van a disponer para guardias y sustituciones», ni consta si conocen la existencia de crédito presupuestario disponible para nombramientos, sustituciones y guardias». Para manejar un presupuesto que supera los 6.000 millones de euros, la debilidad en los controles del presupuesto resulta alarmante -el ejercicio de 2017 todavía contó con Carmen Montón al frente de la conselleria de Sanidad-.
La Intervención alerta de que no existe una plantilla de personal de instituciones sanitarias debidamente actualizada ni una adecuada programación funcional de centros y servicios. Circunstancias, se añade, que «dificultan la correcta planificación de las necesidades de recursos humanos y la gestión presupuestaria de los gastos de personal».
El informe remarca que no hay siquiera una plantilla actualizada de personal sanitario
Intervención, que advierte en su informe que no ha podido contar con los datos de las Intervenciones delegadas de Alicante y Castellón como consecuencia de la elevada carga de trabajo generada por el elevado volumen del gasto tramitado mediante expedientes de enriquecimiento injusto en esas dos provincias, especifica en relación con las guardias médicas que «no constan acreditados los criterios utilizados en el reparto y número de guardias médicas y atención continuada entre el personal». Además, remarca que el reparto de las guardias «no es equilibrado ni equitativo entre el personal del servicio», así como que hay personal «que no realiza las guardias obligatorias mínimas, sin que conste acreditado el motivo».
Entre las irregularidades en la gestión de esas guardias figura también la constatación de que parte del personal «realiza un número de guardias superior a las obligatorias», sin que conste documentado el ofrecimiento por parte del centro y el consentimiento del facultativo para superar dicho mínimo.
La Intervención constata que se contrata personal para la realización de guardias «sin que quede justificada la imposibilidad de cubrir todas las guardias con el personal de plantilla». Y subraya que no existe «constancia suficiente de la garantía de cumplimiento de los horarios de descanso, así como de las compensaciones horarias por posibles incumplimientos de los mismos».
Uno de los apartados más sangrantes del informe es el que hace referencia a la imposibilidad de constatar la efectiva realización de las guardias médicas. «En general no existe un registro adecuado de entradas y salidas de los trabajadores del centro, ni un sistema de control efectivo de los horarios», se advierte. Esa circunstancia resulta determinante para que no exista «constancia cierta de la efectiva realización del turno de guardia o de atención continuada». El comentario no supone únicamente un reparo a la inexistencia de un mecanismo de control. También se dirige a la picaresca que supone el hecho de no poder acreditar «suficientemente el número de horas de presencia física», un dato indispensable para que la nómina de cada empleado corresponda a la labor efectivamente realizada.
El cuestionamiento de la política de recursos humanos afecta también al capítulo de sustituciones. «Con carácter general -señala la Intervención- se aprecia que en los expedientes no se justifica adecuadamente las circunstancias o hechos que determinan el carácter urgente o inaplazable de los nombramientos» a realizar. El órgano de control detecta «deficiencias en los trámites de autorización de la contratación de personal», así como en los procesos de selección de personal eventual para guardias y sustituciones.
las provincias
